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El Consejero Jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz acudió al Congreso del Estado para
hacer entrega de la Iniciativa de Ley, propuesta del Gobernador Joaquín Díaz
Mena, con la que se establece que las empresas de la entidad deberán contar con
un número de personas con discapacidad que, al menos, represente el 1% de su
plantilla laboral
Mérida,
Yucatán, a 10 de diciembre de 2024
El
Consejero Jurídico del Estado, Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, acudió a la sede
del Poder Legislativo para entregar la iniciativa de Ley que propone reformar
la Constitución local en su artículo 87, mediante la creación de la fracción I
bis. Esto tiene como objetivo impulsar políticas públicas para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado.
Esta
iniciativa, propuesta del Gobernador Joaquín Díaz Mena, establece que las
empresas de la entidad deberán contar con un número de personas con
discapacidad que, al menos, represente el 1% de su plantilla, a fin de ampliar
sus derechos laborales.
La
propuesta fue recibida por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Congreso local, Wilmer Manuel Monforte Marfil, acompañado de la
presidenta de la Mesa Directiva del mismo organismo, Neyda Pat Dzul y del
Secretario General del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira.
En
su momento, Armando Chiquini Barahona, director general del Instituto para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado (IIPEDEY), destacó que
esta iniciativa es un avance significativo para impulsar más acciones a favor
de este sector en los próximos años. También estuvo presente Víctor Jesús
Canché Cocom, en representación de la Secretaría de Bienestar.
Una
vez que sea revisada, discutida y, en su caso aprobada, el Gobierno del Estado,
a través de sus dependencias, deberá impulsar programas y estrategias para
materializar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ampliando
así sus derechos laborales y otorgándoles la mayor jerarquía normativa posible
en el ámbito estatal.
Asimismo,
cabe señalar que la iniciativa propone reformar la Ley General de Hacienda del
Estado de Yucatán para dar cumplimiento a esta política inclusiva desde la
óptica fiscal. La modificación establece que las personas físicas o morales en
la entidad deberán acreditar la incorporación de personas con discapacidad a su
plantilla laboral para acceder a los estímulos fiscales correspondientes.
En
consecuencia, el Ejecutivo estatal, en conjunto con la Agencia de
Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), emitirá un decreto anual en cada
ejercicio fiscal para establecer los diversos estímulos fiscales que se
otorgarán a las empresas locales que cumplan con lo establecido en la Ley de
Hacienda local. Dichos estímulos serán otorgados por la autoridad fiscal de la
entidad, con el fin de incentivar la participación del sector privado y
fomentar el dinamismo de la actividad productiva.
Con
estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mejorar las
condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Yucatán.
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